Legalización del Consumo, Condena sin tregua a la Juventud.

Frente a la discusión relacionada con la legalización del consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá planteada por el alcalde Gustavo Petro, debemos partir de una clara reflexión sobre la obligación que tienen los Gobiernos de garantizar a la población salud e integridad para su desarrollo psicosocial. Al legalizar la droga el Estado estaría condenando al adicto a dificultar aun más su recuperación y a otros ciudadanos a tomar su ejemplo, si no se fortalecen los modelos educativos públicos basados en el marco axiológico de los valores.

Así el Estado se convertiría en el mayor comprador de sustancias ilícitas, definiendo redes autorizadas sin parámetros que controlen el consumo en jóvenes, adultos y en casos extremos de niñez desamparada.

El Gobierno Distrital no podrá controlar la conducta de los consumidores solucionando solo el problema de proporcionar legalmente la droga.  Para un adicto la dosis mínima definitivamente no existe, si bien la adicción es una enfermedad y un problema de salud pública, aun existe la posibilidad de rehabilitarse, y es ahí donde el Estado debe aunar esfuerzos y crear centros de tratamiento para adictos, facilitando su recuperación y dar nuevas opciones de vida, no opciones de condena perpetuándolos al consumo.

Proporcionar droga al adicto es una gran equivocación, es ser facilitador del consumo, los recursos deben ser destinados al proceso de recuperación y de rehabilitación, y posteriormente de inclusión en la sociedad como seres  productivos y capaces.

¿Qué responsabilidad legal asumiría el Estado frente a un accidente físico o una tragedia colectiva ocasionada por un ciudadano en estado de éxtasis, como se evitarían las sobredosis? Recordemos el reciente caso en Miami donde un hombre desnudo se comió a mordiscos el rostro de otro individuo vivo, en una vía pública y a plena luz del día, bajo los efectos alucinógenos de una sobredosis.

Ningún Gobierno debe contribuir al fracaso escolar ni a perjudicar la salud de la población, sin duda la droga aleja a los estudiantes de las aulas, los desvía del camino y de su bienestar, también es cierto que en esta realidad el narcotráfico urbano no va desaparecer por el abaratamiento de la droga, ni se va erradicar la delincuencia, la legalización no supondría la desaparición de los productores, estos se reorganizarían como distribuidores legales y seguramente sin los controles necesarios se estarían abriendo nuevos focos de corrupción.  

La legalización del consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, sin duda aumentaría el consumo, y por el contrario a lo señalado por el alcalde Petro impediría la recuperación y la reinserción del adicto a la sociedad y la acción del Estado quedaría deslegitimada al permitir la venta de productos tóxicos con efectos nocivos para su propia población.

Es hora de abrir nuevos escenarios de análisis frente a este tema aportando innovadoras soluciones y proyectos que le apunten a la reinserción del adicto, a su restablecimiento  como individuo dentro de una sociedad que lo acoge, lo apoya y lo guía. y no retrotrayendo experiencias de viajes al exterior de funcionarios deslumbrados por su aparente éxito en sociedades de primer mundo y culturas muy diferentes a la flagelada y critica situación de violencia que afrontamos los Colombianos y en particular los capitalinos.

Las instituciones tanto publicas como privadas debemos trazar redes de cooperación frente a nuevas formas del discurso mediático que se ha venido manejando en los últimos años, no es la legalización de las drogas lo que va a acabar con la violencia, los focos de expendio clandestino en los barrios y toda la problemática que abarca el tema sino una efectiva cultura de prevención, de inclusión y de nuevas oportunidades de educación para la población mayoritaria.